El Estado de las Autonomías en España

Descentralización y asimetría

17-nov-2009 Irene Somoza Álvarez

España - Flickr
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El sistema instaurado a partir de la Constitución de 1978 descentraliza el poder del Estado, pero también ha generado una práctica política asimétrica.

En uno de los últimos acuerdos del Gobierno de España para sacar adelante una normativa, el PSOE se valió de los votos de UPN y Nafarroa Bai, dos partidos de tendencia regionalista y nacionalista, respectivamente. Con la oposición de los demás grupos del Congreso de los Diputados, se dio la paradoja de que la materia regulada, la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, no afecta a la comunidad autónoma de dichos partidos, pues Navarra se basa en otro sistema fiscal, amparado por derechos históricos.

Otra situación parecida sucedió en la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2010, en la que el Ejecutivo salvó la Ley gracias a los votos de PNV y CC a cambio de un acuerdo en materia autonómica, tanto en lo referido al blindaje del Gobierno vasco, como a medidas extraordinarias anticrisis en el archipiélago.

Con ello, se dan dos ejemplos en los que intereses regionales y estatales se mezclan en la política española para ofrecer una visión clara de su sistema: el Estado de las Autonomías, instaurado a raíz de la Constitución de 1978, ha generado un juego político en el que los ocasionales apoyos al Gobierno central por parte de los partidos autonómicos favorecen el desarrollo de una región frente a otras.

Descentralización

En España, se da la situación de que distintas comunidades autónomas tienen partidos regionalistas, nacionalistas o independentistas, con mucho arraigo en los respectivos territorios y que legalmente pueden acceder a ser elegidos para representar a todos los españoles en el Parlamento. Esto deriva en que, en este terreno, los intereses de las distintas comunidades autónomas se mezclan con el interés general del Estado.

A pesar de que el juego político ha podido generar a partir de los derechos de las comunidades autónomas una forma viciada de práctica política, el Estado de las Autonomías es una fórmula que se adoptó por consenso allá en los años 70, con la incipiente democracia española. A pesar de que ha ido desarrollándose y estableciéndose con el paso del tiempo, el proceso de descentralización fue un punto fundamental en el espíritu de la Transición Democrática.

Asimetría

Otro de los rasgos del sistema político español es la asimetría, pues no todas las comunidades autónomas que conforman el Estado tienen las mismas competencias. Éstas se establecen dependiendo de la materia, pero también por las normas autonómicas vigentes en los Estatutos de Autonomía. El artículo 149 de la Constitución española, en su apartado 3 dice: “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”. Por ello, dependiendo de la Comunidad, se establecerán unas u otras competencias.

Para hacerse una idea más completa del sistema, éste se establece en los artículos 143 al 157 de la Carta Magna, en lo que constituye todo el capítulo 3 del título 8 la Constitución titulado “De las comunidades autónomas”.

Opinión social

A pesar de que el Estado de las Autonomías es un logro conseguido a partir de la democracia, tan esperada en España durante muchos años, hay voces que actualmente critican el modo en que se ha establecido. Para poner un ejemplo claro, en las pasadas elecciones nació el partido UPyD (Unión Progreso y Democracia), que ya en su manifiesto fundacional pregonó la necesidad de devolver competencias de calado al Estado.

Creemos que esa igualdad está hoy amenazada en España, fundamentalmente por culpa de los excesos de un modelo territorial sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas”, rezaba su manifiesto.

Argumentos en contra

Los argumentos más comunes para denostar el sistema de las autonomías son:

  • La igualdad. Sus detractores ponen en duda que a través de la descentralización asimétrica se mantenga la igualdad de los ciudadanos, en materia económica, educativa, legal, idiomática o de acceso a servicios públicos.
  • Deterioro del principio de distribución de la riqueza. Quienes critican el modelo aseguran que, al aplicarse distintas fórmulas fiscales en determinados territorios, se da un paso atrás en la redistribución de la riqueza.
  • Deterioro del principio de solidaridad. Los detractores alegan que con la mayor autonomía e independencia en la gestión territorial de los recursos, disminuye la solidaridad entre las zonas más ricas y las más deprimidas económicamente.

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